El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019 y establece ajustes al Régimen de Asociación Público-Privada (APP). La propuesta busca ampliar el desarrollo de obras mediante inversión privada, con posibles efectos en infraestructura, desarrollo social y generación de empleos.
Seis años de experiencia impulsan cambios al modelo
La exposición de motivos señala que Panamá cuenta desde 2019 con un marco regulatorio para desarrollar proyectos mediante APP, una modalidad utilizada internacionalmente. Después de más de seis años de aplicación, el documento plantea revisar su funcionamiento, evaluar los resultados obtenidos e introducir ajustes para mejorar la eficiencia del sistema.
El objetivo es reducir trámites sin eliminar controles
El análisis realizado sobre la aplicación del régimen identifica etapas que pueden extenderse más de lo necesario y trámites que podrían simplificarse sin afectar las garantías y controles establecidos. La reforma también busca facilitar una mayor participación del sector privado en los proyectos.
La propuesta mantiene el modelo aprobado en 2019
La iniciativa no plantea sustituir el régimen vigente, sino adaptarlo a partir de la experiencia nacional e internacional. Entre los objetivos figuran ampliar y agilizar la construcción de infraestructura y la prestación de servicios, además de fortalecer las funciones de las instituciones que participan en la formulación, estructuración y licitación de los proyectos.
Más inversión privada y mayor competencia
El proyecto también busca promover una participación privada más activa, movilizar recursos y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios. Para ello, plantea mecanismos que incentiven la inversión y la competencia, junto con mayores estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control.
Los proyectos podrían llegar antes a la población
De acuerdo con el documento, los cambios permitirían estructurar y ejecutar una mayor cantidad de proyectos en menos tiempo y con mecanismos de financiamiento más eficientes. La proyección incluye una ejecución más rápida de obras y servicios, generación de empleos durante su construcción y operación, y actividad económica alrededor de estas inversiones.
Sector empresarial participó en la discusión
En la sesión del Consejo de Gabinete participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).
AIG formalizará servicios tecnológicos para el SPA
El Consejo de Gabinete también aprobó el proyecto de Resolución de Gabinete No. 109-26, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar, mediante procedimiento excepcional, un contrato con Inversiones Tecnológicas de América, S.A. El acuerdo comprende servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos y mejoras a la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Contrato incluye soporte y mantenimiento tecnológico
La contratación contempla capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos utilizados en las salas de audiencia del SPA. El periodo corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y alcanza un monto total de B/.3,904,740.30, incluido el ITBMS.
Servicios continuaron durante todo 2025
Como antecedente, la AIG había contratado estos servicios por 12 meses durante 2024. Sin embargo, el soporte a la plataforma del SPA continuó durante todo 2025 para mantener su operatividad, según los documentos presentados al Consejo de Gabinete.
El pago se formalizará con presupuesto de 2026
La resolución establece la necesidad de formalizar la contratación para cancelar los servicios recibidos durante 2025. El pago se realizará con cargo al presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal de 2026, cuyos recursos se encuentran disponibles, según lo expuesto en la resolución.
AIG sustenta el procedimiento excepcional
El documento señala que el procedimiento excepcional responde a que Inversiones Tecnológicas de América, S.A. es actualmente el único representante local autorizado del producto Plataforma TEMIX EBS para la gestión de las instituciones encargadas de administrar el proceso del SPA.
CNIG autorizó continuar con el proceso
El Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental (CNIG) autorizó a la AIG a realizar el procedimiento excepcional destinado a formalizar el pago correspondiente a los servicios prestados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
ENA podrá gestionar financiamiento por $196 millones
Otra de las decisiones aprobadas fue la Resolución de Gabinete 116-26, que autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) y a ENA Norte, S.A. a suscribir un contrato de fideicomiso deudor, de garantía y administración. La operación permitirá gestionar financiamiento de hasta $196 millones y refinanciar el saldo de los bonos del Fideicomiso ENA Norte con Inter-American Investment Corporation (IDB Invest).
La operación se divide en dos préstamos
El financiamiento contempla dos préstamos: uno por $96 millones y otro por $100 millones. La Junta de Accionistas de ENA y ENA Norte aprobó realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos destinados a cancelar la emisión de bonos del Fideicomiso ENA Norte.
IDB Invest fue seleccionado para financiar la operación
Para estructurar el financiamiento, ENA seleccionó a Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) como entidad encargada de otorgar los préstamos. La operación se plantea dentro de las condiciones financieras que regulan actualmente las obligaciones de ambas empresas.
Refinanciamiento busca atender las obligaciones existentes
Los documentos señalan que ENA y ENA Norte enfrentan limitaciones para asumir nuevo endeudamiento mientras permanezcan en circulación los bonos actuales. Por esta razón, la operación contempla un primer desembolso destinado exclusivamente a refinanciar el saldo pendiente de los bonos emitidos.
El financiamiento abre espacio para nuevas inversiones
El esquema permitirá ejecutar nuevas inversiones relacionadas con rehabilitación, extensiones y ampliaciones del Corredor Norte. El refinanciamiento busca reorganizar las obligaciones originadas por la adquisición de la concesión y mejorar la capacidad financiera para desarrollar futuros proyectos de inversión.
Ciudad del Saber extendería su contrato hasta 2048
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 113-26, que emite concepto favorable a la Adenda No. 1 para prorrogar el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber. La propuesta extiende la vigencia del acuerdo desde el 13 de febrero de 2023, fecha en que culminó el periodo establecido inicialmente, hasta el 12 de febrero de 2048.
La extensión busca mantener el proyecto vigente
La resolución señala que el contrato original establecía un periodo de 25 años y que este ya venció. Ante la importancia pública atribuida a la continuidad del proyecto Ciudad del Saber, el documento plantea formalizar la adenda y mantener el régimen especial establecido para su funcionamiento.
La prórroga incluye beneficios fiscales especiales
La propuesta también autoriza al Ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley relacionado con la adenda. Entre sus disposiciones figura la extensión del régimen especial de exoneraciones fiscales otorgado a la Fundación Ciudad del Saber.
Las exoneraciones abarcan varios impuestos y gravámenes
El régimen contempla la exoneración de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, incluido el impuesto de importación, el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), además del impuesto de inmuebles. Los beneficios aplican a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para desarrollar los fines del proyecto.
Asamblea y Contraloría deben intervenir
La adenda todavía requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y el refrendo de la Contraloría General de la República para adquirir plena validez.
Gobierno vincula incentivos con política fiscal
El documento señala que la extensión de los incentivos fiscales debe aplicarse de acuerdo con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, en concordancia con la política fiscal del Estado.
Antecedentes respaldan la continuidad del acuerdo
Antes de la aprobación de la adenda, el 6 de octubre de 2025, el Ministerio de la Presidencia indicó que le correspondía reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales, debido a que ese ministerio suscribió originalmente el contrato con la Fundación Ciudad del Saber. El Ministerio de Economía y Finanzas respaldó esta posición y concluyó que la Fundación había cumplido satisfactoriamente los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato.
