Acodeco abrió 3,998 expedientes entre enero y septiembre de 2026 para fiscalizar normas que protegen los derechos de los consumidores panameños.
Las investigaciones buscan proteger el bolsillo de los consumidores
Revisar que los comercios respeten las garantías, verificar los descuentos para jubilados y pensionados y vigilar posibles irregularidades en el historial de crédito son algunas de las acciones que pueden beneficiar directamente a los consumidores panameños. Entre enero y septiembre de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) abrió 3,998 expedientes de investigación por posibles incumplimientos de nueve disposiciones legales bajo su fiscalización.
Las compras y el historial de crédito concentran las investigaciones
La mayor parte de los expedientes corresponde a dos legislaciones que tienen impacto directo en la vida económica de los ciudadanos. La Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, concentró 2,624 investigaciones, equivalentes al 65.6 % del total.
Por su parte, la Ley 24 de 2002, relacionada con el historial de crédito, registró 721 expedientes, que representan el 18 %. En conjunto, ambas normas agrupan 3,345 investigaciones, es decir, el 83.7 % de las aperturas. Estas actuaciones permiten examinar posibles irregularidades en las relaciones comerciales y en el manejo de la información crediticia.
Jubilados y pensionados también están entre los grupos protegidos
Otro ámbito de fiscalización corresponde a los beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas adultas mayores. Durante los primeros nueve meses del año, Acodeco abrió 367 expedientes relacionados con la Ley 6 de 1987.
Estas investigaciones buscan verificar que los agentes económicos obligados respeten los descuentos y demás beneficios establecidos por la normativa. Su cumplimiento representa un apoyo importante para las personas mayores, que pueden acceder a condiciones preferenciales en los establecimientos y servicios contemplados por la ley.
Las investigaciones también abarcan a personas con discapacidad y otros derechos
La fiscalización incluye otras disposiciones que inciden en la vida cotidiana. Acodeco registró 55 expedientes relacionados con la Ley 134 de 2013, sobre beneficios para personas con discapacidad, y 145 vinculados con la Ley 1 de 2018, que regula el uso de bolsas reutilizables.
También se abrieron 69 expedientes relacionados con las disposiciones de control de precios y márgenes de comercialización, cuya vigencia concluyó en julio de 2026. A estos se suman 13 investigaciones relacionadas con la Ley 81 sobre tarjetas de crédito, dos vinculadas con el Decreto Ejecutivo 17 sobre medicamentos y otras dos relacionadas con la Ley 114 sobre bebidas azucaradas.
¿Qué puede hacer el consumidor cuando detecta una irregularidad?
Acodeco recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias cuando identifiquen posibles incumplimientos de las normas bajo su competencia. Para facilitar la evaluación de cada caso, recomienda aportar facturas, comprobantes de pago, fotografías y otros documentos que permitan sustentar los hechos.
Es importante aclarar que la apertura de un expediente no significa que el proveedor haya cometido una infracción. Cada investigación requiere examinar las circunstancias y las pruebas disponibles para determinar si existe un incumplimiento legal.
Con estas actuaciones, la fiscalización busca que los derechos de los consumidores se respeten en las compras, los servicios financieros y otros ámbitos comerciales. Para los ciudadanos, conocer las normas que los protegen y denunciar posibles irregularidades son pasos importantes para defender sus derechos.
