Panamá modifica el régimen de Inversionista Calificado y baja a B/.300 mil la inversión en inmuebles nuevos para atraer capital.
El cambio apunta al capital que todavía no ha entrado en la economía
Panamá está modificando uno de sus principales instrumentos para atraer capital extranjero. El Decreto Ejecutivo 17 del 8 de septiembre de 2026 reemplazó la regulación de 2020 del régimen de Inversionista Calificado y estableció condiciones diferenciadas según el tipo de inversión.
La modificación más relevante está en el mercado inmobiliario: los extranjeros podrán optar por el régimen mediante una inversión mínima de B/.300 mil en propiedades nuevas y de primera venta. Para inmuebles de segunda venta, el umbral permanece en B/.500 mil. La lógica económica es clara: favorecer capital que contribuya a generar nueva actividad constructiva, en lugar de limitarse a cambiar la propiedad de activos existentes.
El mercado inmobiliario es la principal puerta de entrada
Los números explican por qué este segmento resulta importante. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el programa aprobó 268 certificados, respaldados por B/.113.6 millones de inversión. En el período anterior fueron 193 certificados por más de B/.90.1 millones.
Además, el componente inmobiliario representó 87.3% de los certificados emitidos durante el período julio 2025-junio 2026, muy por encima de los depósitos a plazo fijo y las inversiones en valores. Esto significa que cualquier modificación en las reglas inmobiliarias puede tener un efecto considerable sobre el comportamiento futuro del programa.
La diferencia entre comprar un activo y crear actividad
Desde una perspectiva económica, la distinción entre una propiedad nueva y una de segunda venta es relevante. La adquisición de un inmueble existente transfiere la propiedad de un activo, pero una nueva construcción puede activar simultáneamente empleo, materiales, servicios profesionales, financiamiento, transporte, comercio y posteriormente administración y mantenimiento.
Ese es precisamente el argumento utilizado por el MICI para justificar el nuevo umbral: dirigir parte del capital extranjero hacia proyectos que tengan una mayor conexión con la cadena productiva local. El ministro Julio Moltó ha planteado que el objetivo es que la inversión se traduzca en proyectos y actividad económica.
Panamá también abre otras rutas para el capital
La reforma no se limita al sector inmobiliario. El nuevo esquema mantiene una alternativa de B/.500 mil mediante depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros y amplía las opciones vinculadas con el mercado de valores.
Esto introduce una diferencia importante frente a un programa basado casi exclusivamente en bienes raíces: una mayor diversificación de instrumentos puede permitir que parte del capital extranjero se canalice hacia el sistema financiero y el mercado de capitales panameño.
El programa ya demostró que existe demanda
El crecimiento previo del régimen sugiere que la herramienta migratoria ya había encontrado demanda internacional. El MICI reportó 75 certificados adicionales en el último período analizado y un aumento de más de B/.23.4 millones en las inversiones asociadas.
Pero el desafío económico está en una segunda pregunta: cuánto de ese capital permanece vinculado a la economía panameña después de obtener la residencia y qué cantidad genera inversión productiva adicional. El número de certificados mide actividad del programa; no necesariamente mide por sí solo el impacto económico de largo plazo.
La nueva prueba será la calidad de la inversión
Panamá compite por capital con jurisdicciones que también ofrecen incentivos fiscales, migratorios y financieros. Por eso, reducir o diferenciar los umbrales puede facilitar la entrada de inversionistas, pero la efectividad económica dependerá de lo que ocurra después.
Si el nuevo esquema consigue que una mayor proporción del capital se convierta en construcción, empleo, servicios, proyectos inmobiliarios, inversión financiera y actividad empresarial, el cambio tendrá una dimensión que va más allá de la política migratoria. Si simplemente aumenta el número de residencias sin ampliar significativamente la base productiva, el efecto será mucho más limitado.
La reforma, por tanto, plantea una cuestión central para la política económica panameña: no cuánto capital puede atraer el país, sino cuánto valor económico consigue retener y multiplicar a partir de ese capital.
