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Siete hieleras cierran proceso por presuntas prácticas monopolísticas

Siete empresas dedicadas a la producción y comercialización de hielo acordaron poner fin a un proceso judicial iniciado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) por presuntas prácticas monopolísticas en el mercado minorista de hielo en bolsa pequeña.

El proceso se originó por una demanda presentada por ACODECO en 2022, relacionada con la presunta coordinación del precio de venta y la “repartición” del mercado en Chitré, Las Tablas y Penonomé.

El Consejo de Gabinete autorizó ahora las resoluciones que permiten avanzar con la transacción judicial acordada entre ACODECO y las empresas involucradas.

Un proceso relacionado con el precio del hielo

La investigación se centró en posibles prácticas monopolísticas absolutas, específicamente en conductas que, de acuerdo con la demanda presentada por ACODECO, habrían involucrado acuerdos sobre el precio de venta de la bolsa pequeña de hielo y la distribución del mercado entre las empresas.

Por tratarse de un proceso que ahora busca terminar mediante una transacción judicial, es importante precisar que la información oficial se refiere a presuntas prácticas monopolísticas y no a una condena definitiva contra las empresas.

La transacción constituye un mecanismo legal para poner fin al proceso, sujeto a las formalidades y aprobaciones correspondientes.

Siete empresas forman parte del acuerdo

Las compañías incluidas en la transacción son:

  • Hielería Azuero, S.A.
  • Hielo Oriental, S.A.
  • Hielo Cristal Central del Istmo, S.A.
  • Hielo Cristal Las Tablas, S.A.
  • Producción Panameña de Hielo, S.A.
  • Hielo Ameglio
  • Hielo Express, S.A.

Como parte de los compromisos presentados por las empresas para cerrar el proceso, cada una realizará un aporte económico al Tesoro Nacional.

Los montos individuales estarán entre B/.10,000 y B/.20,000, para un total de B/.66,000.

El dinero será entregado mediante cheques certificados a favor del Tesoro Nacional dentro de un plazo máximo de 30 días, contado a partir de que quede ejecutoriado el auto judicial que apruebe la transacción.

¿Por qué intervino el Consejo de Gabinete?

La autorización del Gabinete forma parte del procedimiento establecido para este tipo de transacción judicial.

De acuerdo con la información oficial, antes de que el tribunal pueda aprobar el acuerdo se requiere el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y la autorización del Consejo de Gabinete, conforme al Código Procesal Civil.

La normativa reconoce la transacción judicial como un mecanismo excepcional para terminar un proceso cuando las partes acuerdan ponerle fin bajo determinadas condiciones.

En este caso, los apoderados legales de las empresas presentaron propuestas de compromisos ante ACODECO, las cuales fueron consideradas favorables para los intereses del Estado.

El caso tiene impacto sobre la competencia

Más allá del monto económico del acuerdo, el caso resulta relevante porque involucra el funcionamiento de un mercado y la forma en que las empresas compiten por los consumidores.

Cuando una autoridad de competencia investiga posibles acuerdos para fijar precios o repartirse un mercado, el interés público está relacionado con evitar que los consumidores terminen pagando precios determinados por acuerdos entre competidores en lugar de por una competencia efectiva.

Por eso, el proceso representa también un ejemplo del papel de ACODECO en la vigilancia de las condiciones de competencia en los mercados panameños.

El proceso aún debe completar su etapa judicial

Con la autorización otorgada por el Consejo de Gabinete, el acuerdo puede continuar hacia la instancia judicial correspondiente.

La transacción deberá ser aprobada por el tribunal para que produzca el efecto de dar por terminado el proceso en los términos acordados.

Así, después de varios años de trámite, el caso entre ACODECO y las siete empresas hieleras entra en una etapa decisiva, con un acuerdo que contempla B/.66,000 para el Tesoro Nacional y compromisos destinados a cerrar el proceso por las presuntas prácticas monopolísticas investigadas.

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