Usuarios de electricidad. El Proyecto de Ley 10-26 propone cambios en reclamos, calidad del servicio, compensaciones y supervisión de las empresas distribuidoras de electricidad.
El Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 10-26, que modifica el Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, marco regulatorio del sector eléctrico.
La propuesta plantea cambios relacionados con los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas distribuidoras y las herramientas disponibles para supervisar la calidad del servicio.
Entre los temas incluidos están la atención de reclamos, las interrupciones del suministro, la información que reciben los clientes y los mecanismos de compensación cuando se incumplan las normas de calidad.
Reclamos y posibles créditos para los clientes
El proyecto modifica los plazos establecidos para atender los reclamos de los usuarios y plantea el reconocimiento de créditos a favor de los clientes cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio.
La iniciativa también contempla que las multas impuestas a las empresas sean efectivas y que los recursos correspondientes lleguen al cliente afectado, según lo establecido en el proyecto.
De aprobarse, estas disposiciones modificarían la relación regulatoria entre los usuarios y las empresas encargadas de la distribución eléctrica.
Más supervisión sobre la calidad del servicio
La propuesta también incorpora herramientas regulatorias para fortalecer la supervisión de la autoridad competente sobre las empresas distribuidoras.
El Ejecutivo señala como uno de los problemas que busca atender las interrupciones frecuentes y las fluctuaciones de voltaje, situaciones que pueden afectar el suministro y ocasionar daños en equipos y electrodomésticos.
El proyecto busca establecer reglas relacionadas con la calidad y continuidad del servicio, incluyendo mecanismos para prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones.
La distribución enfrenta otro cambio en 2028
Otro de los componentes de la iniciativa está relacionado con las futuras concesiones de distribución eléctrica.
El proyecto plantea condiciones para promover una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones prevista para 2028.
Este punto coloca la propuesta dentro de una discusión más amplia sobre cómo funcionará el mercado de distribución eléctrica en los próximos años.
También plantea ampliar el acceso al servicio
La iniciativa contempla además la participación de las empresas distribuidoras en las labores de la Oficina de Electrificación Rural (OER) para facilitar la llegada del servicio a comunidades cuyo acceso resulta más difícil o costoso.
El Proyecto de Ley 10-26 fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 16 de junio y ahora deberá continuar su trámite en la Asamblea Nacional.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de cambios que ya estén vigentes para los usuarios. Su contenido deberá ser discutido durante el proceso legislativo correspondiente.
