La organización empresarial cuestiona la reserva por diez años de expedientes administrativos de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y advierte sobre sus efectos en la transparencia, la confianza y la inversión.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), como organización vigilante de la institucionalidad, la democracia, la transparencia y la ética, solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) explicar públicamente las razones que motivaron la Resolución J.D. No. 012-2026 y reconsiderar la restricción, por un período de diez años, del acceso a la información contenida en los expedientes administrativos de su Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
APEDE se sumó al llamado realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para reconsiderar esta medida y expresó su rechazo a una reserva generalizada que limita el escrutinio público sobre actuaciones relacionadas con concesiones, licencias de operación e investigaciones administrativas dentro de un sector estratégico para Panamá.
Para la organización empresarial, restringir la información de esta manera puede restar confianza y credibilidad al país y afectar su capacidad para atraer inversiones. También considera que la medida dificulta la fiscalización ciudadana y puede generar incertidumbre sobre decisiones que deben sustentarse en reglas claras y procedimientos transparentes. En un momento en que Panamá busca fortalecer sus instituciones y su competitividad, APEDE sostiene que estas dudas pueden evitarse mediante información oportuna y rendición de cuentas.
APEDE reconoce que determinados documentos pueden contener datos personales, secretos comerciales u otra información que requiera protección. Sin embargo, considera que esta circunstancia no justifica limitar el acceso a la totalidad de los expedientes. A su juicio, la reserva debe ser excepcional, estar debidamente sustentada y circunscribirse a la información que efectivamente necesite ser protegida.
Por ello, la asociación solicitó a la AMP precisar qué riesgos busca atender, cuál es el fundamento de una restricción de diez años y por qué se optó por una medida generalizada, en lugar de establecer mecanismos destinados exclusivamente a proteger los datos sensibles.
APEDE propuso dejar sin efecto la restricción general y establecer criterios específicos y proporcionales de reserva, en consonancia con los principios de transparencia establecidos en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002. La organización también planteó que estos criterios sean acompañados por mecanismos que permitan consultar los expedientes mediante versiones públicas que protejan los datos sujetos a reserva, sin impedir el acceso al resto de la información.
Según APEDE, la transparencia ofrece garantías a los inversionistas, protege la gestión de los funcionarios y permite a la ciudadanía conocer cómo se administran los recursos y las oportunidades del país. En ese sentido, considera que explicar y rectificar la decisión constituiría una señal concreta de compromiso con la institucionalidad y con la confianza que Panamá necesita fortalecer.
APEDE reiteró que revisar la decisión y sustituir una reserva general por criterios específicos, motivados y proporcionales representaría una señal positiva de compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la institucionalidad. La organización señaló que Panamá necesita preservar la confianza de sus ciudadanos, operadores económicos y de la comunidad internacional, especialmente en un sector que constituye uno de los principales pilares de la competitividad nacional.
Junta Directiva
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
Panamá, 31 de agosto de 2026.
