La Acodeco plantea que los usuarios puedan elegir su distribuidora de energía cuando venzan las concesiones en 2028.
Panamá. – La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) propuso abrir el mercado de distribución y comercialización eléctrica para que los usuarios residenciales puedan elegir a qué empresa comprar la energía que consumen.
La iniciativa fue planteada ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y surge en el contexto del vencimiento, en el año 2028, de las concesiones de distribución eléctrica actualmente vigentes en el país.
Buscan dar más opciones a los consumidores
Según la Acodeco, el vencimiento de las concesiones representa una oportunidad para analizar cambios que permitan una mayor competencia dentro del sector eléctrico panameño.
La propuesta busca que los consumidores residenciales tengan la posibilidad de escoger entre diferentes proveedores de energía, similar a modelos implementados en otros mercados internacionales donde existe competencia entre empresas distribuidoras y comercializadoras.
Crecen las quejas por el servicio eléctrico
La iniciativa surge en medio de las constantes quejas de usuarios por interrupciones en el suministro eléctrico registradas en distintas regiones del país.
Los reclamos se han concentrado principalmente en los frecuentes apagones reportados en provincias del interior, donde residentes han denunciado afectaciones que en algunos casos se prolongan durante horas e incluso días.
Actualmente, la distribución eléctrica en Panamá está a cargo de Elektra Noreste (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), estas dos últimas pertenecientes al grupo español Naturgy.
Debate sobre el futuro del sector eléctrico
La propuesta de la Acodeco abre el debate sobre posibles cambios en el modelo de distribución eléctrica del país y sobre mecanismos que permitan fortalecer la calidad del servicio, la eficiencia operativa y la protección de los consumidores.
Cualquier modificación al esquema actual requeriría evaluaciones regulatorias y decisiones por parte de las autoridades competentes, tomando en consideración el impacto que podría tener en los usuarios y en el mercado energético nacional.
