La Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (APACEP) advierte que el Proyecto de Ley 415, aprobado en tercer debate y pendiente de la decisión presidencial, podría aumentar la morosidad y obligar a los colegios a modificar sus mecanismos de cobro. El gremio sostiene que esos cambios podrían incrementar sus costos operativos y afectar la planificación financiera de las familias.
La plataforma académica no es el punto de conflicto
El dirigente Adriano Ferro aclaró que los colegios particulares no rechazan la creación de un Sistema Digital Universal de Créditos Académicos. La iniciativa busca centralizar y facilitar el acceso al historial académico de estudiantes de escuelas públicas y particulares, una medida que la Asamblea Nacional presentó como una herramienta para mejorar la movilidad estudiantil y reducir trámites.
El debate aparece cuando entran las deudas
El cuestionamiento del gremio se concentra en las obligaciones que, según su interpretación, el proyecto impondría a los centros particulares en relación con estudiantes que mantienen deudas. Ferro sostiene que algunos colegios podrían enfrentar dificultades para recuperar pagos pendientes si una familia retira al estudiante y solicita su documentación académica.
Morosidad supera el 50% en algunos colegios
Ferro afirmó que algunos centros todavía arrastran deudas acumuladas desde la pandemia y que determinados colegios registran niveles de morosidad superiores al 50% y hasta el 60%. Estas cifras corresponden a la información proporcionada por el gremio y no a una medición nacional publicada por una entidad oficial, por lo que no permiten establecer que esos porcentajes representen al conjunto de la educación particular del país.
El costo de estudiar en colegios privados también muestra diferencias
Los datos oficiales disponibles muestran que el costo de la educación particular varía ampliamente entre centros. En su comparación para el año lectivo 2026, Acodeco encontró matrículas de primaria desde B/.40 hasta B/.2,023.33 entre los colegios de la muestra, mientras que las anualidades oscilaron entre B/.410 y B/.7,225.
¿Han aumentado todos los colegios sus tarifas?
Los registros de Acodeco muestran un panorama más diverso que una subida generalizada. Para la matrícula de primaria correspondiente a 2026, 111 de los 140 colegios comparados, equivalentes al 79%, informaron que mantendrían el mismo costo. Al mismo tiempo, sí existen establecimientos que reportaron aumentos, por lo que el comportamiento de los precios varía según el centro educativo y el nivel de enseñanza.
Acodeco también registra aumentos y sanciones
La supervisión de Acodeco muestra que el tema de los costos requiere seguimiento. La entidad ha advertido que los aumentos de costos de los colegios particulares deben anunciarse y coordinarse con los padres de familia y el Ministerio de Educación con seis meses de anticipación. También informó sobre sanciones en primera instancia a colegios por incumplimientos relacionados con aumentos de matrícula, actividades extracurriculares obligatorias y ventas atadas.
El gremio teme un cambio en la forma de cobrar
Ferro explicó que los colegios no necesariamente tienen que utilizar mensualidades y que esta modalidad se ha mantenido como una práctica acordada entre los centros educativos y las familias. Ante un eventual aumento de la morosidad, señaló que algunos planteles podrían evaluar alternativas como cobrar la anualidad completa o dividirla en tres pagos durante el año.
Un cambio de cobro tendría impacto familiar
La modificación podría afectar de manera distinta a las familias dependiendo de su capacidad financiera. Quienes actualmente distribuyen el costo educativo en mensualidades podrían enfrentar una mayor presión si los colegios optaran por exigir pagos más grandes y con menor frecuencia.
El acceso al crédito también entra en discusión
El dirigente sostuvo que algunos padres de familia no cuentan con líneas de crédito bancario para cubrir de una sola vez el costo anual de la educación. Panamá sí dispone de mecanismos de crédito educativo del IFARHU para primaria, premedia y media, tanto en centros oficiales como particulares, aunque estos programas tienen requisitos, montos y condiciones específicas.
Sector particular recuerda la migración hacia escuelas oficiales
Ferro también señaló que la educación particular experimentó una migración de estudiantes hacia el sistema oficial durante y después de la pandemia. El dirigente estimó que entre 20 mil y 30 mil estudiantes habrían migrado anualmente, aunque aclaró que no contaba con cifras exactas. Este dato corresponde a una estimación expresada por el gremio y no a una estadística oficial citada en la declaración.
Los colegios buscan acuerdos con familias morosas
Según APACEP, los colegios suelen negociar con las familias cuando estas deciden mantener a sus hijos en el mismo centro educativo. En esos casos, una deuda acumulada puede incorporarse a un acuerdo de pago para el siguiente periodo escolar. El problema, según el gremio, aumenta cuando una familia retira al estudiante y deja pendientes varios meses de servicios ya prestados.
Datos de estudiantes y deudas generan otra preocupación
La asociación también cuestiona la información que deberá manejar la nueva plataforma. Ferro expresó preocupación por la posibilidad de incorporar datos relacionados con acuerdos de pago y deudas educativas, y planteó la necesidad de establecer controles claros sobre el acceso, tratamiento y responsabilidad respecto de esa información.
Protección de datos requiere reglas claras
El debate sobre la plataforma incluye, por tanto, una dimensión adicional: qué información económica deberá suministrar cada colegio, quién podrá consultarla y bajo qué condiciones. La discusión adquiere relevancia porque el sistema pretende convertirse en una herramienta nacional aplicable a centros educativos oficiales y particulares.
El gremio cuestiona posibles procesos paralelos
APACEP también plantea dudas sobre la relación entre las obligaciones que establecería el nuevo sistema y los procedimientos que los colegios ya aplican para gestionar acuerdos de pago. Ferro considera que podrían generarse procesos adicionales para los centros educativos, aunque este planteamiento corresponde a la posición del gremio y requeriría contrastarse con el texto definitivo de la legislación.
Adaptar plataformas tendría un costo
Otro punto señalado por los colegios particulares es la inversión tecnológica. Ferro sostiene que algunos centros no cuentan con sistemas propios capaces de conectarse con una plataforma nacional y que otros tendrían que modificar sus herramientas existentes para garantizar la interoperabilidad.
El costo de implementación queda en discusión
El gremio considera que desarrollar, actualizar y mantener estos sistemas generaría gastos adicionales para los centros educativos. Sin embargo, el impacto financiero dependerá de los requerimientos técnicos que finalmente establezca la reglamentación y de las obligaciones concretas que establezca la ley.
Participación del sector educativo genera cuestionamientos
APACEP sostiene que no participó en la discusión del proyecto durante su trámite legislativo y reclama mayor participación del sector en el análisis de las disposiciones que afectan directamente a los colegios particulares. La organización ha planteado objeciones jurídicas, técnicas y económicas al proyecto.
Proyecto enfrenta ahora una etapa decisiva
El Proyecto 415 plantea una transformación en la forma de gestionar el historial académico de los estudiantes y busca facilitar la movilidad entre centros educativos. Al mismo tiempo, los colegios particulares cuestionan los posibles efectos administrativos, financieros y relacionados con el manejo de información. El debate queda ahora centrado en cómo equilibrar la digitalización del sistema educativo con las obligaciones de los centros y la protección de las familias.
