El Juzgado Ejecutor tramitó 496 expedientes entre enero y julio de 2026 y recurrió al cobro coactivo para hacer cumplir sanciones firmes.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recuperó B/.222,506.96 en multas pendientes de pago durante los primeros siete meses de 2026, mediante procesos de cobro coactivo contra agentes económicos sancionados.
El dinero fue recuperado a través de la gestión de 496 expedientes, correspondientes a casos cancelados y arreglos de pago realizados a nivel nacional. Se trata de sanciones que los agentes económicos no habían pagado voluntariamente después de concluir el proceso administrativo correspondiente.
¿Qué ocurre cuando una multa no se paga?
Cuando una resolución administrativa que impone una sanción queda firme y ejecutoriada, el agente económico dispone de 10 días hábiles para pagar, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 45 de 2007.
Si el pago no se realiza dentro de ese período, la resolución adquiere mérito ejecutivo y la Acodeco puede iniciar el proceso de cobro coactivo a través de su Juzgado Ejecutor.
Esto significa que una multa que no fue cancelada voluntariamente puede pasar a una etapa en la que el Estado utiliza mecanismos legales para procurar su recuperación.
El cobro puede llegar hasta el embargo
El Juzgado Ejecutor está facultado para aplicar medidas cautelares dentro del procedimiento, entre ellas el embargo de bienes o fondos, siempre que se cumplan las etapas legales correspondientes y se reciban las respuestas de las entidades a las que se hayan enviado los oficios de secuestro.
De esta manera, el cobro coactivo funciona como una última vía para hacer efectivas las obligaciones económicas derivadas de sanciones impuestas por infracciones a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia.
Casi medio millar de expedientes gestionados
Los 496 expedientes tramitados entre enero y julio muestran que la recuperación de multas no depende únicamente de que una empresa sea sancionada.
Una vez agotadas las instancias administrativas y confirmada la obligación, el cumplimiento del pago se convierte en una segunda etapa del proceso.
Los B/.222,506.96 recuperados corresponden a pagos totales, arreglos de pago y otras gestiones realizadas por el Juzgado Ejecutor, de acuerdo con las características de cada expediente.
Los recursos recuperados tienen diferentes destinos, dependiendo de la naturaleza de la sanción y de lo establecido por la legislación panameña.
