Los constantes apagones, fluctuaciones de voltaje y reclamos por deficiencias en el suministro eléctrico motivaron la aprobación de un proyecto de ley que busca reforzar los derechos de los usuarios y exigir mayores niveles de calidad a las empresas distribuidoras.
El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 10-26, que introduce modificaciones al marco regulatorio del servicio público de electricidad, con el objetivo de mejorar la atención a los clientes, fortalecer la supervisión del sector y aumentar la transparencia en la prestación del servicio.
Más protección para los usuarios
La propuesta contempla nuevas disposiciones para garantizar una respuesta más efectiva a los reclamos de los consumidores.
Entre las medidas se incluyen plazos definidos para la atención de quejas y mecanismos que permitirán reconocer créditos a favor de los usuarios cuando las empresas incumplan las normas de calidad establecidas.
Además, se busca fortalecer los derechos de los clientes frente a situaciones que afecten la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico.
Multas llegarían a los afectados
Uno de los cambios más relevantes establece que las sanciones impuestas a las empresas distribuidoras deberán hacerse efectivas y que los recursos generados por estas multas beneficien directamente a los clientes afectados.
La medida procura que exista una compensación más tangible para quienes sufran perjuicios derivados de fallas en el servicio.
Mayor fiscalización del sector
El proyecto también incorpora herramientas regulatorias que permitirán una supervisión más rigurosa por parte de la autoridad competente.
Según la iniciativa, estas medidas contribuirán a prevenir interrupciones frecuentes, mejorar la calidad del suministro y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidencias que impacten a los consumidores.
Preparan concesiones de 2028
Otro de los objetivos de la propuesta es crear condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución eléctrica previstas para 2028.
Las modificaciones buscan establecer reglas más claras para las empresas operadoras y reforzar los estándares de calidad que deberán cumplir en beneficio de los usuarios.
Electricidad para más comunidades
La iniciativa también contempla una mayor participación de las empresas distribuidoras en los programas de electrificación rural.
Con ello se pretende ampliar el acceso al servicio público de electricidad en comunidades apartadas donde actualmente el suministro representa un desafío por razones geográficas o económicas.
Tras recibir el aval del Consejo de Gabinete, el proyecto será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.
Fuente: Secretaría Nacional de Energía
