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Acodeco evita sobrecostos inmobiliarios y protege compras de viviendas nuevas

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Según la entidad, las revisiones permitieron generar un ahorro estimado de:

  • B/.2,337,043.43,
  • luego de evaluar aproximadamente 800 unidades habitacionales.

Detectan incrementos superiores al monto originalmente notificado

Durante el proceso de validación, la entidad detectó que algunos incrementos aplicados por agentes económicos alcanzaban:

  • B/.3,784,835.31,
  • cifra que representaba un 38% por encima del monto originalmente reportado, equivalente a B/.1,447,791.88.

La Acodeco explicó que estas verificaciones buscan garantizar que cualquier ajuste en los precios de viviendas nuevas responda realmente a:

  • aumentos en materiales de construcción,
  • mano de obra,
  • y gastos financieros.

Validación previa busca fortalecer transparencia inmobiliaria

La institución recordó que este mecanismo está respaldado por la Resolución N.º 28 del 25 de junio de 2020 y funciona como una herramienta preventiva para proteger los derechos económicos de los consumidores.

Además, reiteró a las promotoras inmobiliarias la importancia de solicitar esta validación previa antes de aplicar incrementos en los precios de venta.

Servicio gratuito permite verificar legalidad de aumentos

acodeco sede principal en vista hermosa

La Acodeco destacó que el trámite:

  • puede realizarse presencial o virtualmente,
  • no tiene costo,
  • y permite brindar mayor transparencia al mercado inmobiliario nacional.

Los promotores interesados deben presentar una solicitud dirigida al director nacional de Libre Competencia, Diego Morales.

Consumidores cuentan con mayor respaldo institucional

La entidad también señaló que ofrece capacitaciones virtuales gratuitas para orientar tanto a empresas como a compradores sobre:

  • documentación requerida,
  • procesos de validación,
  • y mecanismos de protección al consumidor.

Especialistas consideran que este tipo de controles fortalece la confianza en el sector inmobiliario y contribuye a reducir posibles abusos económicos contra las familias panameñas.

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